Petro a responder por motos eléctricas

Petro a responder por motos eléctricas

Contraloría distrital abrió juicio de responsabilidad fiscal por la compra de 100 motos eléctricas que hoy son chatarra.

Tras las denuncias adelantadas desde el Cabildo distrital por el Concejal Julio Cesar Acosta de Cambio Radical, la Contraloría Distrital abrió juicio de responsabilidad fiscal contra la administración de Gustavo Petro, por la compra en 2013 de 100 motos eléctricas con destino a la Policía Metropolitana de Bogotá y que hoy están arrumadas en un parqueadero convertidas en un montón de chatarra inservible.

Para la Contraloría Distrital en la firma de este contrato se presentaron varias irregularidades tales como:

1.     una contratación directa a pesar de existir otras firmas que podían suministrar motocicletas similares características o superiores a mas bajo costo que el adquirido.

2.    Se pagó un sobre costo de $1.671.259.500  en la adquisición de las motos de acuerdo a los precios del mercado.

3.    Se realizó un hallazgo fiscal por $2.311.022.074 por que se concluyó que las motos eléctricas marca ZERO no cumplieron las funciones para las que fueron adquiridas. Por eso se abrió el juicio de responsabilidad fiscal 170100-243-13 para que la administración de Gustavo Petro responda por este millonario detrimento en contra de los recursos que puso en riesgo la seguridad de  Bogotá-

Esta investigación se suma a la abierta en meses anteriores por la misma contraloría distrital, contra la administración de Gustavo Petro, por no realizar los recobros por atención prehospitalaria en las ambulancias de la red pública distrital; denuncia realizada por el concejal Julio Cesar Acosta en debate de control político, donde quedó demostrado que entre 2012 y 2015, la Secretaría de Salud dejó de cobrar mas de 100 mil millones de pesos a EPS y ARL por traslados de pacientes en ambulancias del distrito.

Estas investigaciones demuestran que desde el cabildo distrital se está adelantando un control político serio y responsable, en defensa de los derechos de todos los ciudadanos para los que la seguridad y la salud son vitales y merecen un manejo serio y efectivo de los recursos destinados para estos sectores.

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